Silencio Administrativo en procedimientos iniciados de oficio
Como ya hemos visto qué pasa cuando el ciudadano recibe silencio administrativo como respuesta, ahora vamos a ver qué sucede en el caso contrario, cuando es la Admón la que inicia el pdto de oficio.
Y todo ello nos lo cuenta el artículo 25 de nuestra querida Ley 39/2015.
1.- En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Admon del cumplimiento de la obligación legar de resolver, produciendo los siguientes efectos:
a) En el caso de pdtos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
b) En los procedimientos en que la Admon ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad, ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95.
2. - En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.
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Vencimiento plazo para resolver y notificar por causa imputable a la Admon (iniciado de oficio)
Aunque ya haya transcurrido el plazo para dictar resolución y notificarla, la Admon continúa estando obligada a resolver el procedimiento, aunque entonces, la resolución que dé, deberá hacerla en consonancia con los efectos previstos en el art 25 de esta Ley,
si el pdto iniciado de oficio es susceptible de producir en interesados que han comparecido una situación jurídica favorable, estos entenderán desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. Por ejemplo, si una convocatoria de un proceso selectivo (procedimiento iniciado de oficio) no es resuelta por la Admón en el plazo para ello, los aspirantes que se habían inscrito no pueden entender que se han convertido en funcionarios, sino todo lo contrario.
Si el procedimiento iniciado de oficio es uno en el cual la Admon ejercita potestades que pueden producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad, de manera que la resolución posterior solo puede ordenar el archivo de las actuaciones. Por ejemplo, si un individuo recibe una denuncia y no se resuelve en plazo por culpa de la Admon, entonces el procedimiento caduca y el individuo no es multado.
Vencimiento del plazo para resolver y notificar por causa imputada al interesado (pdtos iniciados de oficio).
En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.
Silencio Administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado
Llegamos al art 24 de la 39/2015. Aquí es donde se explica que, aunque el artículo 21 nos hable de la obligación de las AAPP de resolver de forma expresa los procedimientos cuya tramitación se haya iniciado en su seno, la realidad se impone y, hay casos en los que la resolución expresa de la admón no llega nunca al interesado en el procedimiento.
Cuando hablamos de silencio administrativo, nos referimos a esta situación. Y su naturaleza es diferente en función de quien haya iniciado el procedimiento, la Admón o un particular.
1.- En los pdtos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Admón debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legítima al interesado/s para entenderla estimada por silencio administrativo,excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la UE o de Derecho Internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio administrativo deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general.
El silencio tendrá efecto desestimatorio en los pdtos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el art. 29 de la CE, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente, y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Admones Públicas.
El sentido del silencio también será desestimatorio en los pdtos de impugnación de actos y disposiciones y en los que de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en el párrafo anterior a este apartado.
2.- La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.
3.- La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el aptdo 1º del artículo 21 se sujetará al siguiente régimen:
a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Admón sin vinculación alguna al sentido del silencio.
4.- Los actos admtvos producidos por silencio admtvo se podrán hacer valer tanto ante la Admon como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya expedido, y su existencia pueda ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido. Este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver.
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Es importante que nos quedemos con esos dos sentidos que puede tener el Silencio Administrativo. Recordémoslos:
NEGATIVO.- Efecto desestimatorio que tiene la ausencia de resolución de la Admón respecto de un procedimiento.
POSITIVO.- Estimación que tiene la falta de respuesta de la Admón y del que deriva el reconocimiento o a la constitución de derechos.
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado: la regla que se aplica es el Silencio Administrativo Positivo o estimatorio.
...pero en los siguientes casos, el silencio es negativo:
en procedimientos regulados por una norma con rango de ley/de Derecho de la UE o Derecho Internacional aplicable en España, que establezcan el sentido desestimatorio del Silencio Admtvo.
cuando el interesado haya iniciado un pdto para ejercer su derecho de petición reconocido en el art. 29 de la C.E.
Cuando pdto iniciado por interesado se derive la transferencia, al propio solicitante o a terceros, facultades o "derechos" sobre el dominio o el servicios públicos.
Cuando interesado incicie pdto que implique el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente.
Cuando la interesada haya iniciado un pdto de responsabilidad patrimonial de las AAPP, o sea cuando le reclamen una indemnización por daños y/o perjuicios.
Cuando el/la interesada haya iniciado un pdto para impugnar actos y disposiciones o uno de revisión de oficio, o sea, plantee un recurso administrativo. Pero hemos de tener en cuenta que en los casos en los que el procedimiento de impugnación se realiza a través de la interposición de un recurso de alzada y se recurre al silencio.
En el caso de recurso de alzada es posible facilitar el estudio a través de la siguiente estructura:
Silencio negativo 👉 recurso alzada (por causa de silencio administrativo negativo) 👉 3 meses sin contestación 👉 Se entenderá estimado (silencio administrativo positivo).
Aunque se de la situación de silencio administrativo no cesa la obligación de resolver por parte de la Admon. La obligación continúa, pero ahora sujeta a las garantías de la figura jurídica del silencio que se recogen en el referido aptdo 3 del art. 24 (el de arriba).
Me encanta esta mujer, una pena que dejara de subir vídeos.
Pues eso, que ya hemos finalizado el Título III "De las Cámaras" y avanzamos hasta el título siguiente que el el Título IV "Del Gobierno y Administración". A ver qué tal se nos da.
Artículo 97
El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración Civil y Militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las Leyes.
En la CE el Gobierno es el órgano encargado de la dirección de la política interior y exterior. Aparte, tiene la función ejecutiva de la Administración Civil y Militar y la Defensa del Estado, así como potestad reglamentaria de acuerdo con la CE y las Leyes.
Artículo 98 CE
1. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley.
2. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.
3. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.
4. La Ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.
1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados y, en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.
2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.
3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgaré su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación 48 h. después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviese la mayoría simple.
4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.
5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.
Pues, en resumen, lo que dice este artículo es cómo se elige al Presidente del Gobierno:
1.- Rey realiza consultas con los representantes designados por los Grupos Políticos con representación parlamentaria.
2.- El Rey, a través del Presidente del Congreso, propone un Presidente de Gobierno.
3.- El candidato propuesto expone ante el Congreso el programa político del Gobierno que pretende formar, solicitando la confianza de la Cámara (esta confianza la obtendrá mediante su apoyo en las votaciones).
4.- Se realiza una primera votación en el Congreso de los Diputados, donde el candidato necesita el voto de la mayoría absoluta de los miembros.
5.- Si no obtiene esa mayoría, se repite la votación 48 horas después, necesitando el candidato mayoría simple.
6.- Si no obtiene dicha mayoría, se tramitarán otras propuestas del mismo modo explicado.
7.- Si tras dos meses desde la primera votación ningún candidato obtiene la mayoría necesaria, el Rey disuelve las Cámaras y convoca nuevas elecciones, con el refrendo del Presidente del Congreso.
Artículo 100 CE
Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente.
Artículo 101 CE
1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.
2. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.
Por tanto, según este artículo, el Gobierno cesará por una de las siguientes causas:
tras la celebración de elecciones generales.
cuando se pierda confianza parlamentaria.
dimisión/fallecimiento Presidente Gobierno.
Sobre la responsabilidad criminal del Pdte y el resto de miembros del Gobierno, en el 102 podemos leer:
Artículo 102 CE
1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.
3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo.
EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN
Llegamos al artículo 103 donde se sientan las bases de la actuación de las AAPP.
ARTÍCULO 103 CE
1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los ppios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
2. Los órganos de la Admón del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.
3. La Ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a la función pública de acuerdo con los principios del mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
Seguimos con el art. 104, sobre las Fuerzas/Cuerpo de Seguridad del Estado, determinando su dependencia, misión y la forma de determinación de sus principios básicos. El artículo se remite a la LO 2/1986 del 13 de marzo. ¿Ok?.
Artículo 104 CE
1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, te tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
...y siguiendo con el 105 el que determina aquellas materias que se deben desarrollar mediante Ley (La 39/2015)
Artículo 105 CE
La Ley regulará:
a) La audiencia de los ciudadanos, directamente, o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.
b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecta a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.
c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.
Sigamos con el 106 (control potestad reglamentaria, legalidad actuación administrativa desarrollada por la Justicia, y el derecho a indemnización de particulares que han sufrido una lesión por el mal funcionamiento de los servicios públicos.
Artículo 106
1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de éste a los fines que la justifican.
2. Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
Y en el 107 se reconoce al Consejo de Estado como órgano consultivo supremo del Gobierno. Esto supone que no afecta solo al Gobierno, sino también al resto de AAPP. Se remite a la LO 3/1980 del 22 de abril del Consejo del Estado, donde además del establecimiento de la composición + las competencias del órgano, está regulado su funcionamiento.
Artículo 107 CE
El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una LO regulará su composición y competencia.
cuando el órgano determina ampliarlo para tramitar mejor todo el pdto.
Art. 22 .- Hay dos tipos de suspensión del procedimiento,
suspensión opcional/potestativa: órgano competente capacidad decisión y, según las condiciones que concurran en cada caso, podría suspender el pdto cuando se da uno de los supuestos que contempla la ley, o continuar su tramitación.
suspensión obligatoria recogida donde el poder de decisión del órgano amdtvo es nulo, ya que debe suspender el pdto dado que la Ley le obliga a hacerlo.
1.- El Transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos:
a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos, y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o en su defecto por el plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el art 68 de la presente Ley.
b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la UE, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento de la Admon instructura, que también deberá serles comunicada.
c) Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la UE que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también habrá de ser notificado.
d) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses.
En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.
e) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.
f) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio en los términos previstos en el artículo 86 de esta Ley, desde la declaración formal al respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas negociaciones, que se constatará mediante declaración formulada por la Admon o los interesados.
g) Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los interesados, hasta que la Admon tenga constancia del mismo, lo que también deberá serles comunicado.
2.- El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá en los siguientes casos:
a) Cuando una AAPP requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda que es ilegal y que constituya la base para el que la primera haya de dictar en el ámbito de sus competencias, en el supuesto al que se refiere el apdo 5 del art. 39 de esta Ley, desde que se realiza el requerimiento hasta que se atienda o, en su caso, se resuelva el recurso interpuesto ante la jurisdicción contencioso administrativa. Deberá ser comunicado a los interesados tanto la realización del requerimiento, como su cumplimiento, o en su caso, la resolución del correspondiente recurso contencioso-administrativo.
b) Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de las previstas en el artículo 87, desde el momento en que se notifique a los interesados el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones hasta que se produzca su terminación.
c) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado.
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Ahora veremos como, en el art 23 se establece que con carácter expeccional, se pueden ampliar los plazos establecidos, si concurren causas que impidan terminar el pdto dentro del plazo legalmente establecido.
1.- Excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles a los que se refiere el apdo del art 21, el órgano competente para resolver, a propuesta, en su caso, del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo de ser éste superior al establecido para la tramitación del procedimiento.
2.- Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno.
Las Cortes Generales se componen de CONGRESO + SENADO, en este tema veremos sus peculiaridades, composición, etc.
Se regulan en el Título III de la CE, "De las Cortes Generales", capítulos del 66 al 96, en tres capítulos:
1. De las Cámaras (66/80)
2. De la elaboración de las leyes (81/92)
3. De los Tratados Internacionales (93/96)
1. LAS CÁMARAS
Carol nos explica desde el artículo 60 hasta el 80.
Capítulo I del Título III, "de las Cámaras" dentro del Título III "Las Cortes Generales). Veremos los artículos del 66 al 80 de la CE.
Cortes Generales: Potestad legislativa.
Artículo 66 CE
1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por Congreso de los Diputados + Senado.
2.- Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución Española.
Las Cortes están compuestas por los representantes que el pueblo elige cuando se celebran elecciones, cada 4 años.
Son dos cámaras, Congreso, también llamado Cámara Baja y, Senado, Cámara Alta.
Funciones Cámaras:
aprobación
modificación
derogación leyes
control sobre actuaciones llevadas a cabo por Gobierno
cualquier competencia atribuida por la CE.
También son inviolables.
EL MANDATO PARLAMENTARIO.
Pasamos al artículo 67, donde nos dice que los miembros de las Cámaras no pueden simultanear cargos en ambas instituciones. Pero, en la CE, no se indica que un diputado autonómico que no forme parte del Gobierno de su CCAA pueda también, ser senador. ¿Vamos al artículo?
Artículo 67 CE
1. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso.
2. Los miembros de Las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.
3. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios.
El punto 2 nos recuerda que diputados/senadores NO SOMETIDOS a órdenes de otros poderes, órganos, personas... Ejercerán sus funciones de manera libre e independiente.
En el 3 nos explica los requisitos que tendrán las sesiones para que tengan efectos jurídicos.
EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
¡A por el 68! Vemos aquí cual es el número mínimo/máximo de miembros del Congreso y la forma en que los diputados son electos por los ciudadanos mediante las elecciones generales.
Artículo 68 CE
1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la Ley.
2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.
3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional.
4. El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de disolución de la Cámara.
5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España.
6. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.
Donde se establece el número definitivo de diputados es en La Ley Orgánica /1985, del Régimen Electoral General, concretamente en su artículo
162.1 LO 5/1985 (LOREG)
El Congreso está formado por 350 diputados.
Dentro de esto, y a la hora de conformar la composición de la Cámara, es donde interviene la figura de los Grupos Parlamentarios. Los parlamentarios, o bien se integran en grupos propios (si hay sifuciente número de componentes establecidos por los reglamentos parlamentarios por afinidad política) o bien en el Grupo Parlamentario Mixto. Pero...
Art 23 Reglamento del Congreso:
1. Los Diputados, en podrán constituirse en Grupo Parlamentario, número no inferior a 15. Igualmente podrán:
constituirse en Grupo Parlamentario los Diputados de una o varias formaciones políticas que, aun sin reunir dicho mínimo hubieren obtenido un número de escaños no inferior a 5 y, al menos el 15/% de los votos correspondiente a las circunscripciones en que hubieren presentado candidatura o el 5% de los emitidos en el conjunto de la Nación.
2. En ningún caso pueden constituir Grupo Parlamentario separado Diputados que pertenezcan a un mismo partido.
Tampoco podrán formar Grupo Parlamentario separado los Diputados que, al tiempo de las elecciones, pertenecieran a formaciones políticas que no se hayan enfrentado ante el electorado.
Circunscripción Electoral: división territorial en la que se computan los votos emitidos para el posterior reparto de escaños, que en caso de elecciones generales, es la Provincia.
Representación proporcional: sistema de reparto de escaños en los que exista una correlación entre los resultados electorales (votos obtenidos por los partidos) y su representación en el Congreso (escaño).
Punto 5: todos los españoles/las podemos participar en las elecciones tanto como electores como elegibles, incluyendo el voto por correo.
Y finalmente, nos expresa que una vez disuelto el Congreso deben celebrarse las elecciones entre los 30/60 días siguientes, tras lo cual, y una vez publicados los resultados, el nuevo Parlamento deberá constituirse dentro del plazo de 2 días.
EL SENADO. CÁMARA DE REPRESENTACIÓN TERRITORIAL.
Es en el artículo 69 donde se establece un régimen similar al del Congreso pero con ciertas peculiaridades. Sin más dilación, vamos a por el artículo.
Artículo 69 CE
1.- El Senado es la Cámara de representación territorial.
2.- En cada provincia se elegirán 4 senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica.
3.- En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores, Gran Canaria, Mallorca y Tenerife- y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.
4.- Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores.
5.- Las CCAA desingnarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea Legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la CCAA, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional.
6.- El Senado es elegido por 4 años. El mandato de los Senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.
El Senado se caracteriza por representar a los distintos territorios y regiones que conforman nuestro Estado, por lo cual no se escoge a los miembros de dicha Cámara del mismo modo que para el Congreso. Vamos a ver cómo se escogen los Senadores en nuestro país:
TERRITORIO NÚMERO DE SENADORES
Provincias Peninsulares 4
Provincias Insulares:
*(Gran Canaria, Mallorca y Tenerife) 3
*(Ibiza-Formentera, Menorca,
Fuerteventura, Gomera, Hierro, 1
Lanzarote y La Palma)
Ceuta 2
Melilla 2
Designación CCAA 1 + 1 por cada millón de habitantes
Los únicos Senadores que no son directamente escogidos por el pueblos, son aquellos designados por las CCAA, elegidos por las Cortes/Parlamentos Autonómicos, bien por otros Órganos Colegiados Superiores cuando no cuenten con Cámara Autonómica.
Esto va en función de la población de cada autonomía, y así por ejemplo, en una CCAA peninsular con 6 millones de habitantes se escogería 4 senadores(si es uniprovincial).
Si la CCAA consta de 4 provincias, sería 4 por cada provincia, o sea 16 senadores (por votación popular y 7 por la Asamblea.
Pero, también hemos de contar con los Grupos Parlamentarios que también tienen su peso en la formación de la cámara del Senado, tal como regula el artículo 27 del Reglamento del Senado. Veámoslo.
Artículo 27 Reglamento del Senado
1. Cada Grupo parlamentario estará compuesto, al menos, de diez Senadores. Ningún Senador podrá formar parte de más de un Grupo parlamentario.
2. Cuando los componentes de un Grupo parlamentario, normalmente constituido, se reduzcan durante el transcurso de la legislatura a un número inferior a seis, el Grupo quedará disuelto al final del período de sesiones en que se produzca esta circunstancia.
3. Los Senadores que hayan concurrido a las elecciones formando parte de un mismo partido, federación, coalición o agrupación no podrán formar más de un Grupo parlamentario.
4. Cada Grupo parlamentario deberá adoptar una denominación que sea conforme con la que sus miembros concurrieron a las elecciones.
5. Los distintos Grupos parlamentarios constituidos en el Senado gozarán de total autonomía en cuanto a su organización interna. Podrán utilizar para sus reuniones las salas del Palacio del Senado que la Presidencia de éste asigne para su uso.
INCOMPATIBILIDADES, INELEGIBILIDADES, INVIOLABILIDAD E INMUNIDAD.
Algunos motivos por los que un individuo NO puede ser MIEMBRO DEL CONGRESO O DEL SENADO, así como otras en las que se produce la incompatibilidad de cargos o funciones y, por tanto, el individuo se ve obligado a escoger entre uno u otro, se refleja en el artículo 70 de la CE. ¿Vamos?
ARTÍCULO 70 CE
1.- Ley Electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso:
a) Componentes del Tribunal Constitucional.
b) A los altos cargos de la Admon del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno.
c) Al Defensor del Pueblo.
d) A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo.
e) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo.
f) A los miembros de las Juntas Electorales.
2.- La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará sometida al control judicial, en los términos que establezca la Ley electoral.
En el artículo 71 se sigue concretando este tipo de cosas.
Artículo 71 CE
1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos encaso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.
3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
4. Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras.
Pues eso, que los integrantes de ambas Cámaras no podrán ser perseguidos, ni detenidos ni siquiera acusados por el hecho de expresar su opinión en el ejercicio de sus funciones como representantes de la ciudadanía (punto 1): del mismo modo que su inmunidad no permite su detención a no ser que estén cometiendo/acaben de cometer un delito (flagrante delito). Además, el poder judicial no puede inculparlos, ni tomarles declaración ni procesarlos salvo que hayan solicitado el suplicatorio (autorización que exige la CE) a la Cámara correspondiente.
Aunque profundizaremos en el tema del Tribunal Constitucional, que forma parte de este temario común, en él se indica que los miembros de las Cámaras gozan de la figura del aforamiento, y por tanto deberá juzgarlos la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
REGLAMENTO, SESIONES Y SESIONES CONJUNTAS DE LAS CÁMARAS.
ARTÍCULO 72 C.E
1. Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos, y de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Reglamentos y sus Reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta.
2. Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes, y los demás miembros de sus Mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara.
3. Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultados de policía en el interior de sus respectivas sedes.
Aquí se hace referencia al Reglamento del Congreso (modificado varias veces), además al Reglamento del Senado (que también ha sufrido modificaciones). Por otro lado, el Reglamento de las Cortes Generales, todavía no se ha aprobado.
Cuando las Cámaras se constituyen, tras las elecciones, se elige a sus Presidentes, al resto de miembros de las Mesas quienes posteriormente decidirán quien será el Presidente/a del Gobierno. Las Cámaras se reúne durante dos períodos distintos de sesiones, las cuales,pueden ser de carácter ordinario o extraordinario, Vamos a ver el artículo 73 de la CE.
ARTÍCULO 73
1. Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio.
2. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluto de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado.
A continuación, el art.74 de la CE se dispone que también se prevee sesiones conjuntas. ¿Lo leemos? 👀👀
ARTÍCULO 74
1. Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las cortes Generales.
2. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94.1, 145.2, y 158.2,* se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso, y en los otros dos, por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener poner una Comisión Mixta compuesta de igual número de Diputados y Senadores. La Comisión presentará un texto votado por ambas Cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta.
*94.1, 145.2, y 158.2
Artículo 94.1, 145.2 y 158.2:
Autorización previa de las Cortes Generales en la firma de Tratados o Convenios internacionales.
Autorización acuerdos de cooperación entre las CCAA.
Distribución de los recursos que constituyen el Fondo de Compensación Interterritorial.
EL PLENO Y LAS COMISIONES DE LAS CÁMARAS.
Seguimos con la organización/funcionamiento de las Cortes Generales. Nos toca el artículo 75 donde se nos indica que Congreso/Senado pueden trabajar en Pleno/por Comisiones, de manera que:
ARTÍCULO 75 CE.
1. Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones.
2. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación.
3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.
Pues eso, que Las Cortes pueden delegar la potestad legislativa correspondiente al Pleno de Comisiones Legislativas Permanentes cuya denominación cambia según la legislatura y el nombre de los Ministerios existentes.
Sin embargo, si durante la tramitación de un proyecto o proposición de ley, el Pleno se interesase y considerase que le corresponde debatir su contenido y proceder a su votación, podrá exigirlo en cualquier momento.
Y en el párrafo tercero nos dicen que no pueden ser materia de delegación a las Comisiones:
ni la reforma de la CE
ni asuntos de ámbito internacional
ni leyes orgánicas ni de bases o la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
COMISIONES DE INVESTIGACIÓN.
Tipo especial de Comisión, creado con el único propósito de que los miembros de las Cámaras puedan indagar sobre asuntos que afecten al interés público (financiación ilegal, investigación crisis financiera, programa de asistencia... etc.). Así que vamos a leer el artículo correspondiente.
ARTÍCULO 76 CE
1. El Congreso y el Senado, y, en su casa ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público.
Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultados de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.
2.- Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La Ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación.
Pues eso, que este tipo de comisiones son creadas para depurar responsabilidades de tipo político no judicial, pues no vinculan a los Tribunales.
PETICIONES A LAS CÁMARAS
Ahora veremos el artículo 77, que tiene mucho que ver con el artículo 29, sobre el ejercicio del derecho de petición de los ciudadanos ante los Poderes Públicos.
ARTÍCULO 77
1. Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.
2. Las Cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las Cámaras lo exijan.
DIPUTACIONES PERMANENTES.
DIPUTACIÓN PERMANENTE, uno de los principales órganos de las Cortes Generales. Vigila el Poder legislativo cuando sus representantes no se encuentran reunidos o las cámaras están disueltas y esperando que sean nuevamente constituidas. Vamos a ver cómo nos lo cuenta el Art. 78.
ARTÍCULO 78
1 En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de 21 miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.
2 Las Diputaciones Permanentes estarán presididos por el Presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de que éstas hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato y la de velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas.
3. Expirado el mandato o en caso de Disolución Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales.
4. Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones
Una de las características de la DIPUTACIÓN PERMANENTE es su vocación de continuidad, ya que impide que en los casos en los que las Cámaras están disueltas, el Poder Legislativo no esté en funcionamiento. Aunque no ostenta todos/cada uno de poderes/facultades que tiene el Senado, Congreso.... sí ejerce algunas de las más relevantes a efectos de continuidad.
ADOPCIÓN DE ACUERDOS.
Como habíamos visto, en lo referente a los acuerdos a los que llegan las Cortes Generales en su seno (art 67), se requiere el cumplimiento de unos requisitos establecidos en nuestra CE y desarrollados por los Reglamentos para que los pactos alcanzados tengan eficacia y sean válidos.
¿Os apetece seguir con el artículo 79? Da lo mismo, aquí llega:
Artículo 79 CE
1. Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros.
2. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los Reglamentos de las Cámaras.
3. El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable.
PUBLICIDAD DE LAS SESIONES
Artículo 80 CE
Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento.
O sea, que es posible que la ciudadanía asista a a los plenos de las Cámaras y ser testigos de todo lo que allí suceda y su funcionamiento. Eso, siempre y cuando las cuestiones sean de carácter ordinario, porque en determinados casos, las sesiones se celebran a puerta cerrada, si es que así lo haya aprobado por mayoría absoluta los miembros de la Cámara.
LA ELABORACIÓN DE LAS LEYES.
Otro vídeo de Carol contándonos de manera más fácil los arts. del 81 al 92
En este capítulo de la CE, que se llama "De las Cortes Generales) veremos el procedimiento para aprobar Leyes + normas con rango de Ley que no son aprobadas por parte del Poder Legislativo, sino por la delegación de éste en el Gobierno. (Art 81 a 92 de la CE).
LEYES.
LEYES ORGÁNICAS.
Este Capítulo Segundo del Título III de la CE comienza con el artículo 81 y la definición de materias que deberán regularse, obligatoriamente, por Ley Orgánica:
Artículo 81 CE
1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.
2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
Así, como no quiere la cosa, hemos visto dos cosas muy importantes sobre las Leyes Orgánicas.
su contenido versa sobre sistema electoral, estatutos autonomía, derechos fundamentales y libertades públicas (dentro de la CE)
hay más materias en la CE que deben ser reguladas por Leyes Orgánicas (Consejo General Poder Judicial, Estados alarma/excepción/sitio/Tribunal Constitucional.
Otra de las caracterísitcas de las L. Orgánicas es su sistema de aprobación y modificación.
se exige que el Congreso las apruebe por mayoría absoluta, esto es, superior en votos a la mayoría simple. Voto favorable de la mitad más uno de los miembros del hemiciclo, o sea, 176 votos a favor.
DELEGACIÓN LEGISLATIVA (ART 82)
Explica en qué consiste la potestad legislativa delegada.
ARTÍCULO 82 CE
1.- Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias no incluidas en el artículo anterior.
2.- La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
3.- La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.
4.- Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio.
5.- La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.
6.- Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.
La delegación legislativa no puede versar sobre materias reservadas a ley orgánica
y deberá autorizarse expresamente por las Cortes.
autorización que podría formalizarse en forma de Ley de Bases si lo que se le ha encomendado al Gobierno es un texto con artículos/articulado,
o mediante Ley Ordinaria si existen varias normas con rango de Ley que deban ser refundidas para crear uno, o para regularizar, aclarar o armonizar los ya existentes,
Esto es, hacer que la regulación que contiene sea similar en todas ellas.
Otro rasgo importante de la delegación es que el Gobierno no puede, a su vez, delegar en otros órganos el encargo que las Cortes le han hecho a él y, por otro lado, los Tribunales podrán controlar que el Gobierno no se ha excedido de la delegación, es decir, que no ha ejercido competencias para las que no había sido autorizado.
LIMITACIONES A LA LEY DE BASES
Artículo 83 CE
Las leyes de bases no podrán en ningún caso:
A.- Autorizar la modificación de la propia Ley de Bases.
B.- Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.
O sea, nunca pueden modificarse a sí mismas ni pueden autorizar al Gobierno para que apruebe normas que puedan aplicarse al normas creadas en el pasado, sino a las que se apliquen al futuro.
PROTECCIÓN DE LAS DELEGACIONES LEGISLATIVAS.
Siguiendo, con el Título III, llega el artículo 84 señalando que, cuando Las Cortes delegan en el Gobierno la aprobación de una norma, y tiene entrada en las Cámaras una proposición de ley o una enmienda, el Gobierno puede oponerse a su tramitación por estar habilitado para proceder a la aprobación de la norma con rango de Ley.
Artículo 84 CE
Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.
Pero hemos de tener en cuenta, que aunque el Gobierno pueda oponerse, los grupos parlamentarios puedan proponer que la Ley por la que se autoriza al Gobierno para aprobar la norma, sea derogada.
DECRETOS LEGISLATIVOS Y DECRETOS LEY.
Las normas que emanarán del Gobierno y no del Legislativo, previa autorización de las cortes, las tenemos en artículo 85.
Artículo 85 CE
Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos.
Tras la consolidación constitucional de la delegación legislativa con autorización previa al Gobierno, la Constitución reconoce que, bajo determinadas circunstancias será el Gobierno el que tendrá la iniciativa en la regulación de una materia y que, posteriormente, las Cortes podrán convalidar o no, de esta forma lo dispone el artículo 86 que veremos a continuación.
Artículo 86 CE
1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.
3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.
CE permite, para cuando el Gobierno considere que existe una necesidad extraordinaria y urgente, que deba resolverse inmediatamente, se pueda dictar normas con rango de Ley con carácter temporal.
Al igual que la regulación prevista en el artículo 82, Gobierno tiene "vetadas" algunas materias, y por ello, regularlas no puede hacerse mediante Decreto-Ley.
Estas normas se someterán a votación en Congreso, dentro de los 30 días siguientes a su promulgación con la finalidad de ser convalidada por el Parlamento, o ser derogada o consolidada normativamente por las Cortes mediente tramitación como proyecto de Ley
INICIATIVA LEGISLATIVA
Capacidad para iniciar el procedimiento de aprobación, modificación o derogación de las leyes, el artículo 87 de nuestra CE establece:
1. La iniciativa legislativa corresponde al de acuerdo con la Gobierno, al Congreso y al Senado, Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.
2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.
3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.
Destacar que esta capacidad es que, como era de esperar tras el estudio de los artículos anteriores, la posean tanto el Gobierno como las Cortes Generales. Y, además, se reconoce que también las Asambleas Legislativas delas Comunidades Autónomas puedan ejercer esta legitimación, bien a través del Gobierno, bien directamente ante la Mesa del Congreso.
El párrafo tercero hace referencia a la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular, donde tiene lugar el desarrollo de este procedimiento de participación de la ciudadanía en el ejercicio del Poder Legislativo que, como indica el artículo, no podrá referirse a las materias reservadas a Ley Orgánica, a los tributos, las relaciones internacionales o el régimen de indultos.
PROYECTOS DE LEY Y PROPOSICIONES DE LEY
Artículo 88 CE
Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.
Y, en el artículo 89 se incluye el modo de tramitar una proposición de Ley, esto es, una propuesta que emana del Congreso, del Senado, de la Iniciativa Popular o de las Asambleas de las Comunidades Autónomas. De modo que:
Artículo 89 CE
1. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87.
2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tome en consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite en éste como tal proposición.
Actuación legislativa del Senado
Nos explica el procedimiento de aprobación de las leyes orgánicas y ordinarias cuando el proyecto ya ha sido aprobado por el Congreso:
Artículo 90 CE
1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste.
2. El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple.
3. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.
Lo más destacable de dicho procedimiento es que, si en el plazo de dos meses, el texto no ha sido aprobado por el Senado, y, si se trata de un proyecto el Congreso puede aprobar el texto sin el visto bueno del Senado urgente, esos dos meses se reducen a veinte días naturales.
SANCIÓN PROMULGACIÓN Y REFERÉNDUM
El último paso antes de la aplicación de la Ley Orgánica y ordinaria de que se trate, está contemplada en el artículo 91 de la Constitución cuando dispone que:
Artículo 91 CE
El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.
El cierre del Capítulo se produce con el artículo 92 cuando señala que:
Artículo 92 CE
1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.
El Referéndum está previsto como método para conocer la opinión de los ciudadanos en asuntos que conlleven una decisión política que pueda afectar al conjunto de la población. Procedimiento: 👉 solicitud de celebración de referéndum por parte del Gobierno a Congreso Diputados👉 una vez concedida la autorización 👉 es el Rey quien lo convoca.
En el párrafo 3 👉 hace referencia a la L.O. 2/1980, 18 enero, sobre Regulación de las distintas modalidades de referéndum.
TRATADOS INTERNACIONALES
Y otro vídeo más de Carol: Del Art 93 al 96
El artículo 93 da comienzo a la regulación constitucional de los Tratados Internacionales, del Capítulo III, del Título III de la ConstituciónEspañola, cuando señala que:
ARTÍCULO 93
Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.
En aplicación de este artículo, España ha aprobado, entre otras, las siguientes Leyes Orgánicas:
Ley Orgánica 10/1985 de 2 de agosto, de autorización para la adhesión de España a las Comunidades Europeas,
Ley Orgánica 10/1992, de 28 de diciembre, por la que autoriza la ratificación por España del Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastrich, el 7 de febrero de 1992 o
Ley Orgánica 1/2005, 20 mayo, autoriza la ratificación España del Tratado por que se establece una Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 octubre de 2004.
Artículo 94: contiene las normas relativas a otros dos tipos de Tratados.
Por un lado, aquellos que necesitan la autorización previa de las Cortes Generales
Por otro, los celebrados sin necesidad de autorización y que solo exigen la posterior comunicación a las Cortes.
Y, así:
ARTÍCULO 94 CE
1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos:
a) Tratados de carácter político.
b) Tratados o convenios de carácter militar.
c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I.
d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.
e)Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.
2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios.
Por su parte, el artículo 95 de la Constitución establece un requisito previo a la firma de un tratado internacional cuando señala que:
ARTÍCULO 95 CE
1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional.
2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.
Aquí, deja claro la supremacía de la Constitución al impedir que pueda celebrarse un tratado cuyo contenido pueda estar en conflicto con nuestro texto constitucional. En el mismo sentido, también el artículo 78.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dispone, en cuanto al control de constitucionalidad previo que:
Artículo 78.1 LOTC
El Gobierno o cualquiera de ambas Cámaras podrán requerir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la existencia o inexistencia de contradicción entre la Constitución y las estipulaciones de un tratado internacional cuyo texto estuviera ya definitivamente fijado, pero al que no se hubiere prestado aún el consentimiento del Estado.
Las dos notas más características de este control previo son, en primer lugar, que su interposición ante el Tribunal Constitucional es voluntario por cuanto ambos artículos expresa la fórmula "podrán requerir". Y, en segundo lugar, comoestablece la LO 2/1979, del Tribunal Constitucional, ... el Tribunal Constitucional emitirá su declaración, (...) que tendrá carácter vinculante.
El artículo de cierre del presente Capítulo es el 96 cuyo tenor literal establece que:
ARTÍCULO 96 CE
1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.
2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.
Finaliza el Título III con este artículo, exigiendo la completa publicación del tratado en el BOE, de modo que entrará en vigor según la normativa general de los 20 días dispuestos en el Código Civil, o en el momento en el que el propio tratado establezca.
Los tratados tienen un sistema de reforma rígido, pasa como con la C.E., por contenerse el procedimiento en el mismo texto del tratado.
Cuando vaya a denunciarse un tratado/convenio internacional, o sea, si unilateralmente una de las partes firmantes desee desvincularse de la fuerza obligatoria del tratado, habrá que seguir el artículo 94 de la propia Constitución.
