lunes, 4 de abril de 2022

EL ESTATUTO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 1. LA COMUNIDAD VALENCIANA.

ESTATUTO DE AUTONOMÍA.

1. LA COMUNIDAD VALENCIANA.

Título I, 

Se compone de los artículos de 1 al 7





Artículo 1 EACV

1.  El pueblo valenciano, históricamente organizado como Reino de Valencia, se constituye en Comunidad Autónoma, dentro de la unidad de la Nación española como expresión de su identidad diferenciada como nacionalidad histórica y en el ejercicio del derecho al autogobierno que la Constitución Española, reconoce a toda nacionalidad, con la denominación de Comunitat Valenciana.

2.  La Comunitat Valenciana es la expresión de la voluntad democrática y del derecho de autogobierno del pueblo valenciano y se rige por el presente Estatuto, que es su norma institucional básica.

3. La Comunitat Valenciana tiene como objetivo la consecución del autogobierno en los términos de este Estatuto, reforzar la democracia y garantizar la participación de todos los ciudadanos en la realización de sus fines.

4.  La Comunitat Valenciana, como región de Europa, asume los valores de la UE y velará por el cumplimiento de sus objetivos y por la defensa de los derechos de todos los ciudadanos europeos.

Artículo 2 EACV

El territorio de la Comunitat Valenciana comprende el de los municipios integrados en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia.

                                                                 Artículo 3 EACV

1.  A los efectos de este Estatuto gozan de la condición política de valencianos todos los ciudadanos españoles que tengan o adquieran vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de la Comunidad Valenciana.

2.  Los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido su última vecindad administrativa en la Comunidad Valenciana y acrediten esta condición el en correspondiente Consulado de España gozarán de los derechos políticos definidos en este Estatuto.  Este mismo régimen se aplicará a sus descendientes, si así lo solicitan en los términos en los que lo determine la Ley del Estado.

3. Las comunidades de valencianos asentadas fuera de la Comunitat Valenciana tendrán derecho a solicitar, como tales, el reconocimiento de su valencianidad entendida como el derecho a participar, colaborar y compartir la vida social y cultural del pueblo valenciano.  Sin perjuicio de las competencias del Estados, una Ley de les Corts regulará el alcance y contenido de este reconocimiento a estas comunidades.

La Generalitat podrá solicitar del Estado la celebración de los correspondientes tratados o convenios en los Estados en los que existan dichas Comunidades, con la finalidad de que pueda cumplirse lo establecido en el presente artículo.  

4.  El Derecho civil foral valenciano se aplicará, con independencia de donde se resida, a quien ostente la vecindad civil valenciana conforme a las normas del Título Preliminar del Código Civil, que será igualmente aplicable para resolver los conflictos de leyes,

5.  Los ciudadanos de la UE residentes en la CV que no tengan nacionalidad española gozarán en la misma de los derechos y estarán sujetos a las obligaciones propias de los valencianos, con las excepciones que establezcan, en su caso, la Constitución o las Leyes del Estado.

                                                      Artículo 4 EACV

1.  La Bandera de la CV es la tradicional Senyera compuesta por cuatro barras rojas sobre fondo amarillo, coronadas sobre franja azul junto al asta.

2.  Una Ley de les Corts determinará la simbología heráldica propia de la CV que integra las tres provincias de Castellón, Valencia y Alicante.

                                                         Artículo 5 EACV

1.  La sede de la Generalitat será el palacio de este nombre, en la ciudad de Valencia.

2.  Las instituciones de la Generalitat podrán establecerse y celebrar reuniones en cualquiera de los municipios de la CV de acuerdo con lo que la Ley disponga.

                                                              Artículo 6 EACV

1.  La lengua propia de la CV es el valenciano.

2.  El idioma valenciano es el oficial de la Comunidad Valenciana al igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado.  Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos y a recibir la enseñanza de él, y en idioma valenciano.

3.  La Generalitat garantizará el uso normal y oficial de las dos lenguas y adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento.

4.  Nadie podrá ser discriminado por razón de su lengua.

5. Se otorgará especial protección y respeto a la recuperación del valenciano.

6. La ley establecerá los criterios de aplicación de la lengua propia en la Admón y la enseñanza.

7.Se delimitarán por ley los territorios en los que predomine el uso de una y otra lengua, así como los que puedan ser exceptuados de la enseñanza y del uso de la lengua propia de la Comunitat Valenciana.

8.  L'Acadèmia Valenciana de la Llengua es la institución normativa del idioma valenciano.

 Artículo 7 EACV

1.  El desarrollo legislativo de las competencias procurará la recuperación de los contenidos correspondientes de los Fueros del histórico Reino de Valencia en plena armonía con la Constitución y con las exigencias de la realidad social y económica valenciana.  Esta reintegración se aplicará, es especial, al entramado institucional del histórico Reino de Valencia y  su propia onomástica en el marco de la Constitución Española y de este Estatuto de Autonomía.

2.  Las normas y disposiciones de la Generalitat y las que integran el Derecho Foral Valenciano tendrán eficacia territorial excepto en los casos en los que legalmente sea aplicable el estatuto personal y otras normas de extraterritorialidad.




domingo, 3 de abril de 2022

TÍTULO V: DE LAS RELACIONES ENTRE GOBIERNO Y CORTES GENERALES

 TÍTULO V:

 DE LAS RELACIONES ENTRE GOBIERNO Y CORTES GENERALES

En este Título de la CE es donde se refleja la regulación "Del Gobierno y las Cortes Generales".  Comprende desde el artículo 108 al 116.  ¿Nos lanzamos ya? 💃💃


RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO ANTE LAS CÁMARAS Y DISOLUCIÓN.


Comenzaremos con el 108.


LAND FORMACIÓN, de nuevo otro de sus maravillosos vídeos.


Artículo 108.

El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados.

Es responsabilidad solidaria.  Cualquier miembro del Gobierno puede asumir, y por tanto, a cualquier miembro del Gobierno se le puede exigir respuesta sobre la actuación de cualquier otro miembro.  Por eso a veces hemos visto dimitir ministros en lugar del Presidente del Gobierno.


Artículo 109  

Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los presidentes de aquéllas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de cualesquiera autoridades del Estado y CCAA.  

Artículo 110

1. Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno.

2.  Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que informen ante las mismas, funcionarios de sus Departamentos.

Tras la lectura de los artículos 109 y 110 de la CE, vemos como existe un intercambio de información mutuo entre el Gobierno y las Cortes Generales, pudiendo las Cortes Generales recabar información y ayuda del Gobierno y, además, pudiendo el Gobierno asistir a las sesiones de las Cámaras y a sus Comisiones, pudiendo solicitarles información.


Artículo 111 CE

1. El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras.  Para esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal.

2. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la Cámara manifieste su posición.


CUESTIÓN DE CONFIANZA



                                  Mira que nos gusta LANDL FORMACIÓN.


Artículo 112 CE

El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general.

La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.


MOCIÓN DE CENSURA.





Artículo 113

1.  El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.  

2.  La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y  habrá de incluir un candidato a la presidencia del Gobierno.

3.  La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran  días desde su presentación.  En los dos primeros días de dicho plazo, podrán presentarse mociones alternativas.

4.  Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones.


DIMISIÓN DEL GOBIERNO.






Artículo 114. 

1.  Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación del Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99.

2.  Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99.  El Rey le nombrará Presidente del Gobierno.


DISOLUCIÓN DE LAS CÁMARAS.





Artículo 115

1.  El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey.  El derecho de disolución fijará la fecha de las elecciones.

2.  La propuesta de disolución no podrá presentarse cunado esté en trámite una moción de censura.

3.  No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el art. 99 apartado 5.



ESTADO DE ALARMA.  ESTADO DE EXCEPCIÓN.  ESTADO DE SITIO.




Artículo 116.

1.  Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.

2.  El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 1 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo.  El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

3.  El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados.  La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración que no podrá exceder de 30 días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.

4.  El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno.  El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.

5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en periodo de sesiones.  

Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados.  Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.

6.  La Declaración de los estados de Alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.








EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT


Título III. La Generalitat. Canal "Help Opos"


Artículo 27 EACV (El President de la Generalitat)

1. El President de la Generalitat será elegido por Les Corts de entre sus miembros y nombrado por el Rey. La facultad de presentar candidatos corresponde a los Grupos Parlamentarios. En todo momento se atenderá a lo que regula el presente Estatuto y el Reglamento de Les Corts.

2. Después de cada renovación de Les Corts, y en los otros casos en los que así proceda, el Presidente de Les Corts, previa consulta con los representantes designados por los Grupos Políticos con representación parlamentaria, propondrá un candidato a la Presidencia de la Generalitat, dando prioridad a aquel que en las consultas realizadas haya obtenido mayor apoyo por parte de los Grupos Políticos.

3.-El candidato propuesto, conforme a lo previsto en el apartado anterior, expondrá ante Les Corts el programa político de gobierno del Consell que pretende formar y solicitará la confianza de la Cámara. El debate se desarrollará en la forma que determine el Reglamento de Les Corts.

4.- Para la elección hace falta la mayoría absoluta de los miembros de derecho de Les Corts en primera votación. Si no se logra esta mayoría, la votación se repetirá cuarenta y ocho horas después y será suficiente la mayoría simple para ser elegido.

5. Si efectuadas las mencionadas votaciones no se otorgara la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores, atendiendo al resto de los candidatos presentados y a los criterios establecidos en el punto 2.  El Presidente de Les Corts podrá, en su caso, retomar la ronda de consultas.

6. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato obtuviera la confianza de Les Corts, el Presidente de Les Corts, por acuerdo de la Mesa, disolverá la Cámara y el President de la Generalitat en funciones convocará nuevas elecciones.

7. Se procederá nuevamente a la elección del President de la Generalitat de acuerdo con el procedimiento establecido por el presente artículo, en los casos de renuncia, dimisión, incapacidad, defunción o pérdida de la cuestión de confianza.




El President de la Generalitat, UMH de Elche.


Artículo 28 EACV (Funciones y responsabilidad del President)


1.  El President de la Generalitat, que también lo es del Consell, dirige la acción del Consell, coordina las funciones de éste y ostenta la más alta representación de la Comunitat Valenciana, así como la ordinaria del Estado en ésta.

2El President es responsable políticamente ante Les Corts. Éstas pueden exigir la responsabilidad del Consell por medio de la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura, propuesta como mínimo por la quinta parte de los Diputados y Diputadas y que deberá incluir un candidato a la Presidencia.

La moción de censura no podrá ser votada hasta cinco días después de su presentación. Durante los dos primeros días de este plazo podrán presentarse propuestas alternativas.

3. Si la moción de censura no es aprobada,  los signatarios de ésta no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones. Si es aprobada, el President y el Consell cesarán en sus funciones, y el candidato incluido en aquélla será nombrado President de la Generalitat por el Rey.

4. El President de la Generalitat, con el acuerdo previo del Consell, podrá ordenar mediante Decreto la disolución de Les Corts, excepto cuando se encuentre en tramitación una moción de censura que reúna los requisitos exigidos en el Reglamento de Les Corts.

5. El President de la Generalitat podrá proponer, de acuerdo con lo que determine la legislación del Estado, lcelebración de consultas populares en el ámbito de la Comunitat Valenciana, sobre cuestiones de interés general en materias autonómicas o locales.

jueves, 31 de marzo de 2022

3.1.3.1.7.1. Silencio Administrativo en procedimientos iniciados de oficio 25

Silencio Administrativo en procedimientos iniciados de oficio

Como ya hemos visto qué pasa cuando el ciudadano recibe silencio administrativo como respuesta, ahora vamos a ver qué sucede en el caso contrario, cuando es la Admón la que inicia el pdto de oficio.

Y todo ello nos lo cuenta el artículo 25 de nuestra querida Ley 39/2015.


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Art 25 Ley 39/2015

1.- En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Admon del cumplimiento de la obligación legar de resolver, produciendo los siguientes efectos:

  • a) En el caso de pdtos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
  • b) En los procedimientos en que la Admon ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad.  En estos casos, la resolución que declare la caducidad, ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95.

2. - En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.

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Vencimiento plazo para resolver y notificar por causa imputable a la Admon (iniciado de oficio)

Aunque ya haya transcurrido el plazo para dictar resolución y notificarla, la Admon continúa estando obligada a resolver el procedimiento, aunque entonces, la resolución que dé, deberá hacerla en consonancia con los efectos previstos en el art 25 de esta Ley,

  • si el pdto iniciado de oficio es susceptible de producir en interesados que han comparecido una situación jurídica favorable, estos entenderán desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.  Por ejemplo, si una convocatoria de un proceso selectivo (procedimiento iniciado de oficio) no es resuelta por la Admón en el plazo para ello, los aspirantes que se habían inscrito no pueden entender que se han convertido en funcionarios, sino todo lo contrario.
  • Si el procedimiento iniciado de oficio es uno en el cual la Admon ejercita potestades que pueden producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad, de manera que la resolución posterior solo puede ordenar el archivo de las actuaciones.  Por ejemplo, si un individuo recibe una denuncia y no se resuelve en plazo por culpa de la Admon, entonces el procedimiento caduca y el individuo no es multado.
Vencimiento del plazo para resolver y notificar por causa imputada al interesado (pdtos iniciados de oficio).

En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.


viernes, 25 de marzo de 2022

3.1.3.1.7. Silencio Administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado 24

Silencio Administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado

Llegamos al art 24 de la 39/2015.  Aquí es donde se explica que, aunque el artículo 21 nos hable de la obligación de las AAPP de resolver de forma expresa los procedimientos cuya tramitación se haya iniciado en su seno, la realidad se impone y, hay casos en los que la resolución expresa de la admón no llega nunca al interesado en el procedimiento. 

Cuando hablamos de silencio administrativo, nos referimos a esta situación. Y su naturaleza es diferente en función de quien haya iniciado el procedimiento, la Admón o un particular.


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Este es el artículo 24 de la Ley 39/2015

1.- En los pdtos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Admón debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legítima al interesado/s para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la UE o de Derecho Internacional aplicable en España establezcan lo contrario.  Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio administrativo deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general.

El silencio tendrá efecto desestimatorio en los pdtos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el art. 29 de la CE, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente, y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Admones Públicas.

El sentido del silencio también será desestimatorio en los pdtos de impugnación de actos y disposiciones y en los que de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en el párrafo anterior a este apartado. 

2.- La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. 

3.- La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el aptdo 1º del artículo 21 se sujetará al siguiente régimen:

  • a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
  • b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Admón sin vinculación alguna al sentido del silencio.
4.- Los actos admtvos producidos por silencio admtvo se podrán hacer valer tanto ante la Admon como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya expedido, y su existencia pueda ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido. Este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver.

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Es importante que nos quedemos con esos dos sentidos que puede tener el Silencio Administrativo.  Recordémoslos:

  • NEGATIVO.- Efecto desestimatorio que tiene la ausencia de resolución de la Admón respecto de un procedimiento.
  • POSITIVO.- Estimación que tiene la falta de respuesta de la Admón y del que deriva el reconocimiento o a la constitución de derechos.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado: la regla que se aplica es el Silencio Administrativo Positivo o estimatorio.

...pero en los siguientes casos, el silencio es negativo:
  • en procedimientos regulados por una norma con rango de ley/de Derecho de la UE o Derecho Internacional aplicable en España, que establezcan el sentido desestimatorio del Silencio Admtvo.
  • cuando el interesado haya iniciado un pdto para ejercer su derecho de petición reconocido en el art. 29 de la C.E.
  • Cuando pdto iniciado por interesado se derive la transferencia, al propio solicitante o a terceros, facultades o "derechos" sobre el dominio o el servicios públicos.
  • Cuando interesado incicie pdto que implique el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente.
  • Cuando la interesada haya iniciado un pdto de responsabilidad patrimonial de las AAPP, o sea cuando le reclamen una indemnización por daños y/o perjuicios.
  • Cuando el/la interesada haya iniciado un pdto para impugnar actos y disposiciones o uno de revisión de oficio, o sea, plantee un recurso administrativo.  Pero hemos de tener en cuenta que en los casos en los que el procedimiento de impugnación se realiza a través de la interposición de un recurso de alzada y se recurre al silencio.
En el caso de recurso de alzada es posible facilitar el estudio a través de la siguiente estructura:

Silencio negativo 👉 recurso alzada (por causa de silencio administrativo negativo) 👉 3 meses sin contestación 👉 Se entenderá estimado (silencio administrativo positivo).

Aunque se de la situación de silencio administrativo no cesa la obligación de resolver por parte de la Admon. La obligación continúa, pero ahora sujeta a las garantías de la figura jurídica del silencio que se recogen en el referido aptdo 3 del art. 24 (el de arriba).
 


miércoles, 23 de marzo de 2022

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. TÍTULO IV CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.

TÍTULO IV  Del Gobierno y Administración.



Me encanta esta mujer, una pena que dejara de subir vídeos.



Pues eso, que ya hemos finalizado el Título III "De las Cámaras" y avanzamos hasta el título siguiente que el el Título IV "Del Gobierno y Administración".  A ver qué tal se nos da.

Artículo 97  

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración Civil y Militar y la defensa del Estado.  Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las Leyes.

En la CE el Gobierno es el órgano encargado de la dirección de la política interior y exterior.  Aparte, tiene la función ejecutiva de la Administración Civil y Militar y la Defensa del Estado, así como potestad reglamentaria de acuerdo con la CE y las Leyes.

                                                        Artículo 98 CE

1. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley.

2. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.

3. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.

4.  La Ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.



Land Formación. Si no estás suscrito, estás tardando.


Artículo 99 CE

1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados y, en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.

2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.

3.  Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgaré su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación 48 h. después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviese la mayoría simple.

4.  Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.

5.  Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

Pues, en resumen, lo que dice este artículo es cómo se elige al Presidente del Gobierno:

1.- Rey realiza consultas con los representantes designados por los Grupos Políticos con representación parlamentaria.

2.- El Rey, a través del Presidente del Congreso, propone un Presidente de Gobierno.

3.- El candidato propuesto expone ante el Congreso el programa político del Gobierno que pretende formar, solicitando la confianza de la Cámara (esta confianza la obtendrá mediante su apoyo en las votaciones).

4.- Se realiza una primera votación en el Congreso de los Diputados, donde el candidato necesita el voto de la mayoría absoluta de los miembros.

5.- Si no obtiene esa mayoría, se repite la votación 48 horas después, necesitando el candidato mayoría simple.

6.- Si no obtiene dicha mayoría, se tramitarán otras propuestas del mismo modo explicado.

7.- Si tras dos meses desde la primera votación ningún candidato obtiene la mayoría necesaria, el Rey disuelve las Cámaras y convoca nuevas elecciones, con el refrendo del Presidente del Congreso.

Artículo 100 CE

Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente.

Artículo 101 CE

1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.

2. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

Por tanto, según este artículo, el Gobierno cesará por una de las siguientes causas:

  • tras la celebración de elecciones generales.
  • cuando se pierda confianza parlamentaria.
  • dimisión/fallecimiento Presidente Gobierno.
Sobre la responsabilidad criminal del Pdte y el resto de miembros del Gobierno, en el 102 podemos leer:

                                   Artículo 102 CE

1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

2.  Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

3.  La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo.

                           EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN

Llegamos al artículo 103 donde se sientan las bases de la actuación de las AAPP.

ARTÍCULO 103 CE

1.  La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los ppios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

2. Los órganos de la Admón del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.

3.  La Ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a la función pública de acuerdo con los principios del mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Seguimos con el art. 104, sobre las Fuerzas/Cuerpo de Seguridad del Estado, determinando su dependencia, misión y la forma de determinación de sus principios básicos.  El artículo se remite a la LO 2/1986 del 13 de marzo. ¿Ok?.

Artículo 104 CE

1.  Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, te tendrán como misión proteger el libre ejercicio  de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

2.  Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.


...y siguiendo con el 105 el que determina aquellas materias que se deben desarrollar mediante Ley (La 39/2015)


Artículo 105 CE

La Ley regulará:

a) La audiencia de los ciudadanos, directamente, o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.

b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecta a la seguridad y  defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.




Jon Fernandez Abogados. Un canal de 10 para cualquier opositor.


Sigamos con el 106 (control potestad reglamentaria, legalidad actuación administrativa desarrollada por la Justicia, y el derecho a indemnización de particulares que han sufrido una lesión por el mal funcionamiento de los servicios públicos.

Artículo 106

1.  Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de éste a los fines que la justifican.

2. Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Y en el 107 se reconoce al Consejo de Estado como órgano consultivo supremo del Gobierno. Esto supone que no afecta solo al Gobierno, sino también al resto de AAPP. Se remite a la LO 3/1980 del 22 de abril del Consejo del Estado, donde además del establecimiento de la composición + las competencias del órgano, está regulado su funcionamiento.

Artículo 107 CE

El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una LO regulará su composición y competencia.




Pues hasta aquí el Capítulo I del Título IV.  Continuará...

lunes, 21 de marzo de 2022

3.1.3.1.6.1. Suspensión y ampliación del plazo para resolver 22/23

 Suspensión y ampliación del plazo para resolver



PLAZO PARA RESOLVER PDTO ADMTVO:

puede verse alterado en 2 ocasiones:

  1. cuando se procede a su suspensión
  2. cuando el órgano determina ampliarlo para tramitar mejor todo el pdto. 

 Art. 22 .- Hay dos tipos de suspensión del procedimiento,

  • suspensión opcional/potestativa:  órgano competente capacidad decisión y, según las condiciones que concurran en cada caso, podría suspender el pdto cuando se da uno de los supuestos que contempla la ley, o continuar su tramitación.
  • suspensión obligatoria recogida  donde el poder de decisión del órgano amdtvo es nulo, ya que debe suspender  el pdto dado que la Ley le obliga a hacerlo.



ART. 22 39/2015

1.- El Transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos:

  • a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos, y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o en su defecto por el plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el art 68 de la presente Ley.
  • b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la UE, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento de la Admon instructura, que también deberá serles comunicada.
  • c) Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la UE que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también habrá de ser notificado.
  • d) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos.  Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses.  
    • En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.
  • e) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.
  • f) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio en los términos previstos en el artículo 86 de esta Ley, desde la declaración formal al respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas negociaciones, que se constatará mediante declaración formulada por la Admon o los interesados.
  • g) Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los interesados, hasta que la Admon tenga constancia del mismo, lo que también deberá serles comunicado.
2.- El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá en los siguientes casos:
  • a) Cuando una AAPP requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda que es ilegal y que constituya la base para el que la primera haya de dictar en el ámbito de sus competencias, en el supuesto al que se refiere el apdo 5 del art. 39 de esta Ley, desde que se realiza el requerimiento hasta que se atienda o, en su caso, se resuelva el recurso interpuesto ante la jurisdicción contencioso administrativa. Deberá ser comunicado a los interesados tanto la realización del requerimiento, como su cumplimiento, o en su caso, la resolución del correspondiente recurso contencioso-administrativo.
  • b) Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de las previstas en el artículo 87, desde el momento en que se notifique a los interesados el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones hasta que se produzca su terminación.
  • c) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado.
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Ahora veremos como, en el art 23 se establece que con carácter expeccional, se pueden ampliar los plazos establecidos, si concurren causas que impidan terminar el pdto dentro del plazo legalmente establecido.  



Artículo 23/39/2015

1.- Excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles a los que se refiere el apdo  del art 21, el órgano competente para resolver, a propuesta, en su caso, del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo de ser éste superior al establecido para la tramitación del procedimiento.

2.-  Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno.


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